Autor: Ing. Roberto Aspiazu
En cuanto a la definición de políticas públicas del sector Salud, la participación de los actores privados ha sido marginal, casi inexistente. Los espacios que se dedican en los medios de comunicación están referidos siempre a la denuncia de casos de corrupción en la compra de medicinas e insumos en la Red Pública Integral de Salud (RPIS); más aún, durante la pandemia que ha obligado a adquirir estos bienes mediante procedimientos de emergencia. Pero en ninguna parte hay diagnósticos críticos sobre el estado y perspectivas del Sistema de Salud, que atiende a la mayor parte de la población ecuatoriana en la infraestructura del MSP y del IESS, principalmente, que mantiene más de 3.000 centros de cuidado en el territorio nacional. Alguna vez pregunté si las instituciones de la RPIS tenían encuestas que permitan evaluar la calidad del servicio prestado, y mis interlocutores respondieron con una cara absorta lo que debería ser una obviedad.
El problema es que no hay formas de veeduría ciudadana, debidamente organizadas, sobre lo que sucede en la RPIS, que deberían coadyuvar a la definición de estrategias sanitarias que permitan ir garantizando una mejor atención a los enfermos, tanto en la fase de consulta como de tratamiento hospitalario. Es el motivo por el cual, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, CEE, decidimos, en conjunto con la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de productos médicos, ASEDIM, organizar un clúster de gremios del sector, denominado “Juntos por la Salud”, que incluye además a las grandes corporaciones distribuidoras, para disponer de un frente común que nos permita dialogar con las autoridades gubernamentales y otros actores de la sociedad, a fin de influir en forma constructiva en la agenda sectorial.
Todo parte de que el MSP es un gigante burocrático, de 83 mil funcionarios, que jamás ha tenido la costumbre de someterse al escrutinio público. Está ubicado en la centralidad de un pequeño universo y es muy reaccionario el momento de cambiar o verse forzado a hacerlo. Y no es cuestión de pasar de un gobierno o un ministro a otro; es cuestión de su ADN. Algo parecido podría decirse del IESS aunque su incidencia es menor, debido a que no tiene competencias de regulación y control sobre múltiples actividades de prestación de bienes y servicios sectoriales como sucede en el caso del MSP y sus agencias adscritas. En 2020 hemos mantenido dos temas principales entre manos: el Código Orgánico de Salud, COS, y la subasta inversa de compra de medicamentos y bienes estratégicos, que a su vez esta relacionada a la nueva norma de trazabilidad y a la contratación de un operador logístico único.
El proyecto del COS, que se debatió a lo largo de ocho años, terminó hundido por el peso de su burocratismo y el afán de regular y contralar todo, incluido un régimen sancionatorio descomunal. Su veto total obedeció al reconocimiento por parte del Ejecutivo de que era una legislación excesivamente reglamentaria, cuya aplicación traería más problema que soluciones en comparación con la suma de leyes vigentes que el COS pretendía derogar y sustituir. Lo otro, esto es, la subasta inversa se mantiene como noticia en desarrollo y avanza entre tropiezos y muchas reservas por el lado de “Juntos por la Salud”. De algún modo es un proceso de tres en uno que vincula no sólo la subasta para la compra de medicamentos e insumos por parte de la RPIS, sino al tiempo la trazabilidad y la contratación del operador logístico. Y lo más complicado son los tiempos, toda vez que se trata de una licitación que se cumple a marcha forzada en coincidencia con las elecciones y la transición de Gobierno. La posición de “Juntos por la Salud” ha sido evitar que se repitan los vicios de la subasta de 2016, donde cerca de mitad de la compra se la realizó a intermediarios, personas naturales y jurídicas, que no tenían como actividad la comercialización de medicamentos y sin que hayan cumplido debidamente con el requisito de registro sanitario, de conformidad a lo prescrito por la Ley. Respecto a la trazabilidad, se ha querido imponer por parte del SERCOP, secundado por la ARCSA, un código bidimensional de última generación, sin tener presente la necesidad de un plan piloto o su ejecución por fases, evaluando los resultados.
La presión política, derivada de los múltiples casos de corrupción, ha sido tal que no han valido las razones expuestas. Por ejemplo, que dicho código con información no será útil sino viene acompañado de mejores prácticas de gestión hospitalaria, de almacenamiento y bodegaje, así como de receta electrónica que permita controlar la dispensación. Y sobre el operador logístico único, nuestra recomendación fue que mejor sean al menos dos para evitar la consumación de un desaconsejable monopolio. En el concepto general de una compra única para abaratar costos coincidimos, pero la premura con que se viene obrando, nos hace avizorar un eventual fracaso de una política pública que, lamentablemente, se ejecuta con muchos fallos y a destiempo.
