Autor: Abg. Santiago Reyes Mena
El Tratamiento y la lucha contra la corrupción sin duda es uno de elemento más importantes en el contexto de la realidad actual que atraviesa nuestro país. El fenómeno de la corrupción y su problemática se lo a indexado casi siempre a la Administración pública y contratistas del Estado pero eventos en el mundo corporativo a evidenciado que en el sector privado la corrupción existe y a niveles alarmantes. Por lo que la construcción de una agenda nacional de cero tolerancia a la corrupción debe estar involucrado de forma permanente el sector público, sector privado y la sociedad civil bajo una perspectiva de acción colectiva (en adelante “AC”), de colaboración de actores; e, incentivos para promover dicha colaboración. La AC no es un concepto nuevo, pero es una metodología está ganando cada vez más atención de las empresas, la sociedad civil y los responsables políticos como herramienta para luchar contra la corrupción y construir estándares de integridad a través del éxito.
Debemos entender por AC como un proceso colaborativo y sostenido de cooperación o un enfoque innovador para combatir la corrupción, en el que una coalición de actores que trabajan juntos para resolver problemas intratables y compartidos; superar desafíos de corrupción más eficazmente que trabajar de forma individual. En la AC se: (i) eleva el estándar de integridad empresarial; (ii) se nivelan las condiciones de competencia entre los competidores; (iii) implica la colaboración y la cooperación sostenida entre las partes interesadas (sector público, sector privado, sociedad civil y las organizaciones internacionales) a responder o solución de un problema social (identificación de conductas y manifestaciones contrarias a la Ley a la Integridad) en coordinación con un facilitador neutral como una ONG; y, (iv) Cada actor tiene un papel específico que desempeñar en la realización de cambios en su entorno. Por lo tanto, la AC requiere la creación de confianza, una cultura de intercambio de información y recursos. Los beneficios de la AC incluyen: (i) Movilizar a las sociedades para resistir y contrarrestar el soborno; (ii) Crear entornos seguros, transparentes, de igualdad, justos e íntegros a corto y a largo plazo para hacer negocios; (iii) Nivelar el campo de juego para lograr una competencia justa trato justo, equitativo e igualitario para los concursantes; (iv) Evaluación comparativa y aprendizaje; y, (v) Las empresas locales grandes y globales pueden brindar apoyo a PYMES para resistir las demandas de soborno y cualquier otra práctica contraria a la integridad y a la Ley.
Existen varios ejemplos de AC que puede llevarse a cabo a través de plataformas formales e informales, coaliciones, alianzas y acuerdos como: mejorar las prácticas comerciales, procesos de contratación pública, políticas gubernamentales o la regulación relacionada con las empresas. Las cuatro formas principales de acción colectiva son:
- Declaraciones de Principios y Acciones conjuntas: las empresas y organizaciones se unen para declarar públicamente un compromiso de integridad y no toleran la corrupción. Esto puede incluir trabajo para abogar y promover la integridad en sectores o sociedades. A menudo pueden incluir actividades de evaluación comparativa, aprendizaje y promoción.
- Pacto o Acuerdos de integridad (en adelante PI): esta es una herramienta desarrollada en Transparencia Internacional para prevenir la corrupción en la contratación pública. Existe la presencia de un tercero monitor al proceso e incluye un proceso de certificación que puede fijar sanciones en caso de violación del Pacto. Los Pactos de integridad se han aplicado en más de 15 países, incluido el Ecuador, y en 300 situaciones diferentes.
- Iniciativas industriales o sectoriales: las empresas se unen para promover estándares anticorrupción, incluida la evaluación comparativa, el aprendizaje y el desarrollo de códigos y herramientas o la transparencia. Los actores del mercado participan en la concepción de normas contrarias a la integridad.
- Coalición empresarial certificada: El conjunto de actores establecen prerrequisitos asociados a la Integridad (Compliance) para ser parte, estos requisitos de la iniciativa son monitoreados por un tercero. Los miembros pueden ser certificados por la Iniciativa como su cadena productiva. La Iniciativa se lo visualiza a largo plazo para un mejor efecto.
Dentro de las Primeras jornadas de dispositivos médicos TECHMED ECUADOR 2019 celebrada el pasado 4 y 5 de abril nos permitimos proponer la figura de Pacto o Acuerdo de Integridad como un proceso para la optimización del sector salud. Por PI lo conceptualizamos como un acuerdo entre una Entidad pública contratante de bienes o servicios y empresas competidoras del proceso de contratación pública. Adaptado a cada oferta y país, compromete a todas las partes a abstenerse del soborno, la corrupción, la colusión y cualquier otra conducta contraria a la Integridad y la Ley. Los PI desde su desarrollo durante la década de los noventas por Transparencia Internacional (originalmente concebidos como Islas de Integridad) como herramientas que ayudan a gobiernos, empresas y sociedad civil a estar preparados a luchar contra la corrupción en el campo de la contratación pública y des esta forma garantizar que dicha contratación sea transparentes, justos, libres de corrupción y el compromiso cívico en la contratación pública.
El Ecuador no es ajeno a los PI, en el concurso internacional de ofertas de la Central Hidroeléctrica Paute-Mazar, la compañía de generación hidroeléctrica Paute – Hidropaute S.A. desarrolló con el apoyo de monitor independiente (Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, Capítulo Ecuador de Transparencia Internacional). En dicho PI los proponentes se comprometieron, explícitamente, entre ellos y con Hidropaute S.A. a no ofrecer ni pagar sobornos y a acatar determinadas multas (10% del valor de la garantía de fi el cumplimiento) y la ejecución de una garantía económica de fi el cumplimiento del PI de USD150.000,oo por faltar al compromiso. A estas obligaciones se suman la participación activa en el monitoreo del proceso y de los otros competidores, la voluntad de denunciar cualquier irregularidad que se descubra y además acatar la decisión de una eventual sanción y la ejecución de la garantía. Los PI pretende crear para 1) La entidad contratante: (i) demostrar el compromiso de lucha contra la corrupción de la misma; (ii) enviar mensaje de que el proceso de contratación pública será transparente y justo; y, (iii) reforzar las medidas anticorrupción existentes; 2) para los negocios: (i) Nivelar el campo de juego en el proceso de contratación pública, impulsando la competencia leal y la innovación; (ii) El efecto disuasorio hace menos probable conductas contrarias al Integridad y la Ley y ayuda a evitar acusaciones e investigaciones perjudiciales; y, (iii) un proceso de adquisición fluido significa que es probable que los proyectos comiencen y finalicen a tiempo. 3) para los ciudadanos: (i) una mayor transparencia ayuda a generar confianza en el gobierno y las empresas; (ii) dar confianza en que los recursos públicos se están utilizando de manera responsable; y, (iii) Los contratos de obras públicas tienen más probabilidades de adjudicarse al licitador que ofrece la mejor relación calidad-precio.
