Autora: Abg. Silvia Helena Montoya
En un reciente informe de la OCDE denominado: Tendencias en el comercio de productos falsificados y pirateados se establece que mientras que para el año 2013 el comercio internacional de productos en estas condiciones fue del orden de los USD 461 mil millones de dólares, equivalentes al 2.5 % del comercio mundial, para el 2016 el monto aumentó a la suma de USD 509 mil millones de dólares anuales equivalentes al 3.3 % del comercio mundial.
En Colombia, y en varios países de la región, aún no se tienen estimados los ingresos que este comercio ilegal les deja a los delincuentes. Sin embargo, en lo que respecta a la afectación a la salud pública por el comercio de productos de consumo, aplicación y uso masivo de procedencia ilegal, las pérdidas son incalculables. La incidencia que estos pueden generar en la salud y vida de los consumidores supera cualquier pérdida económica, esto aunado a la afectación que sobre la reputación y prestigio de una marca se genera. En este sentido, el cuidado de la salud y la vida de los consumidores, es la prioridad para los empresarios de los sectores de la economía que generan este tipo de bienes, quienes motivados por esta finalidad decidieron en junio de 1998 participar y aportar en la defensa de la salud pública de los colombianos, dando así origen al “Proyecto contra la falsificación de productos y usurpación de marcas”. Hoy, 21 años después de su creación, el Proyecto se consolida como el programa más relevante en temas de lucha contra la falsificación, adulteración, contrabando y en general cualquier modalidad que involucre comercialización ilegal de productos que afectan la vida y la salud de los ciudadanos.
En esta lucha es necesaria la participación de las autoridades y las empresas. No obstante, por más esfuerzos que se hagan requerimos indiscutiblemente de la sociedad civil, ya que son los propios consumidores los que deben tomar las precauciones necesarias para no convertirse en victimas de productos de procedencia ilegal. Generar una cultura de respeto a la adquisición de bienes legítimos debe constituirse como una causa común. Desafortunadamente, la mayoría de los consumidores no son conscientes de las consecuencias adversas que la adquisición de productos de procedencia ilegal les puede ocasionar. Acciones como la verificación de la fecha de vencimiento, registro sanitario, calidad y condiciones del empaque, país de elaboración o de procedencia, nitidez y estado de las marcas y etiquetas, son tan importantes que nos permitirán de alguna forma evitar riesgos. Es a partir de estos pequeños hábitos desde los cuales se puede consolidar una cultura ciudadana de preocupación por la salud y vida de los consumidores, así como de lucha contra el flagelo del comercio ilegal.
Por otra parte, debemos resaltar el vínculo existente entre la economía criminal y el crimen organizado transnacional. Históricamente el contrabando y la falsificación se han constituido como fuentes de financiación y esto debe encender las alarmas de las autoridades de control para intensificar las acciones contra estos fenómenos delictivos. El reconocimiento del vínculo entre estas dos actividades ilegales es un elemento necesario para la lucha por la desarticulación del crimen organizado. Ahora bien, la economía criminal es defi nida por Giraldo y Naranjo (2014) como aquella que: “(i) puede abarcar todas las actividades económicas, (ii) se desarrollan por fuera de los marcos legales en mercados informales o legales, (iii) asegura los acuerdos entre los agentes del mercado ilegal haciendo uso de la amenaza o la violencia por parte de grupos particulares”. Estamos evidenciando una tendencia mundial de la proliferación del delito económico en la modalidad de producción y comercialización de productos de origen ilícito, generando enormes daños al Estado, los empresarios y los particulares. Es a partir del esfuerzo colectivo desde donde se puede construir efectivamente una conciencia común con respecto de los riesgos, tanto económicos como a la salud de los consumidores. Para poder contrarrestar el impacto de estas economías criminales, es preciso desarrollar e implementar diferentes actividades que requieren la intervención de las autoridades y la participación de las empresas. Conscientes de la necesidad de generar estrategias correctivas y preventivas, desde el Proyecto, se persigue, como uno de sus principales objetivos, aunar esfuerzos entre las autoridades y los empresarios en contra de la ilegalidad, principalmente de aquellos productos que van a generar un perjuicio a la salud y la vida de los consumidores, como es el caso específico de los dispositivos médicos. En este sentido, es indispensable contar el apoyo de entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Autoridad Sanitaria, la Dirección de Aduanas, el Ministerio de Salud y la participación activa y decidida de las empresas afectadas por la delincuencia.
