Autor: Juan Sebastián Segovia– Focal Point- Alliance For Integrity
Numerosos estudios y publicaciones desarrollados desde la segunda mitad del siglo XX aportan suficiente evidencia para sustentar algo evidente: la corrupción es un fenómeno estructural con alta complejidad, de carácter sistémico y multicausal que acarrea graves consecuencias para un país y para una sociedad. La corrupción es una palabra polisémica y la definición más amplia, que será considerada en este artículo es la de Transparencia Internacional, que la define en términos generales como “el abuso del poder encomendado para beneficio de intereses particulares”.
De ahí, es posible afirmar que la corrupción afecta la democracia; menoscaba la calidad de vida de la población; reduce la confianza en las instituciones tanto públicas como privadas; propicia vulneraciones de derechos y aumento de la criminalidad; dificulta la creación de oportunidades de empleo; desincentiva la inversión; distorsiona los mercados, las finanzas públicas y la libre competencia; aumenta la pobreza y las brechas de desigualdad; impide el acceso a servicios públicos, entre otras. En síntesis, la corrupción es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo sostenible. Dicho eso, cabe traer a colación una pregunta que ha sido objeto de amplia discusión en diversos foros a nivel global: ¿cómo podemos afrontar la corrupción?
Más allá de discusiones filosóficas –centradas a menudo en lo ético y lo moral– o de una visión académica que teóricamente puede abordar la corrupción como un problema de agencia principal o como un asunto de acción colectiva, existen diversos enfoques para afrontar la corrupción: un enfoque que coloca mayor énfasis en la sanción o de Anticorrupción y otro que enfatiza la prevención de la corrupción o de Integridad. Estos enfoques son complementarios y pueden ser adoptados a través de medidas y políticas de diversa índole.
En el primer caso, las políticas que promueven un modelo con énfasis en la investigación y la sanción para afrontar la corrupción desarrollan una visión punitiva orientada, en gran medida, a la sanción penal. Busca evitar la impunidad y fortalecer las capacidades para la sanción del delito a través de la tipificación y endurecimiento de penas, la creación de tribunales anticorrupción, el desarrollo de la figura de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la gran orientación al derecho penal económico y a mecanismos de persecución, denuncia y juzgamiento del delito en el ámbito penal, así como a la recuperación de activos, extinción del dominio, y recuperación de recursos públicos que han sido dilapidados, objeto de casos de corrupción, entre otras. Este enfoque ha sido predominante en la tradición del sistema ecuatoriano, en el cual la sanción a la corrupción ha demostrado ser importante, pero no suficiente para combatir la corrupción. Es así como, el enfoque sancionador se ha apalancado en una narrativa negativa, de lucha contra la corrupción, reflejada en la idea de la “Anticorrupción”.
Aunque el enfoque sancionador es indudablemente necesario, no es menos cierto que este adquiere mayor visibilidad cuando los actos de corrupción ya han ocurrido, es decir, se concentra en castigar los efectos y consecuencias de la corrupción; no obstante, vasta evidencia demuestra que la sanción no reduce ni elimina la corrupción, por lo tanto, es un enfoque necesario, pero no suficiente para lograr cambios estructurales y sostenibles.
En contraste, existe otro enfoque, que opera antes que la corrupción ocurra y que, por lo mismo, posee un margen de acción mucho más amplio que el de la sanción: el enfoque de prevención de la corrupción. Este enfoque preventivo es uno de los mayormente difundidos en el ámbito internacional a través de recomendaciones, estándares e iniciativas internacionales. El enfoque preventivo se concentra en evitar que el acto de corrupción ocurra y para eso posee diversos mecanismos. En términos generales tiene como objetivo identificar, mitigar y eliminar la corrupción abordando sus raíces y las causas estructurales, no solamente sus efectos. En este contexto, bajo el liderazgo de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se ha trabajado en el enfoque de integridad pública que aborda no solo la perspectiva de la sanción o la prevención de la corrupción desde un sector determinado, sino un enfoque de carácter holístico-estructural. La OCDE define la Integridad Pública como “el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así́ como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados”.[1]
La integridad puede ser entendida en su dimensión individual, como un valor que invita a “hacer lo correcto, incluso cuando nadie está viendo”; no obstante, es mucho más que un valor o una cualidad personal. La integridad, en su dimensión institucional, constituye un modelo integral de gestión que reconoce la capacidad de las organizaciones de implementar diversas medidas que se adhieren a principios, normas, lineamientos éticos que maximicen el bienestar colectivo y dificulten la corrupción, evitando que esta ocurra. El abordaje de la problemática, muchas veces estructural, , requiere fortalecer y especializar los mecanismos de investigación y sanción, pero, de igual forma, requiere invertir en los instrumentos de integridad pública que permitan mitigar el posible cometimiento de actos de corrupción o de conductas que afecten el interés general o la eficiencia de la política pública.
Para implementar un enfoque de integridad pública, que incorpora a toda la sociedad en su conjunto, se requiere de algunas medidas que parten del compromiso real y al máximo nivel de la Administración Pública. En este sentido, resulta pertinente destacar algunas de las recomendaciones realizadas por la OCDE al Estado ecuatoriano para la implementación de un sistema de integridad: se recomienda establecer como primer objetivo prioritario de integridad pública la creación de un Sistema Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción que viabilice el diálogo entre todas las instancias pertinentes, incluida la sociedad civil y el sector privado para analizar las propuestas y prioridades para la configuración de este sistema. De igual manera, se recomienda sentar las bases para la cooperación estratégica, compromiso y apropiación de todas las funciones del Estado y sus respectivas instituciones para luchar contra la corrupción.
En cuanto a la institucionalidad, es importante que cada función del Estado y cada institución tenga claridad en cuanto a sus obligaciones y responsabilidades, de ahí que es deseable fortalecer los arreglos institucionales que establecen roles para dirigir y aplicar la integridad, principalmente destacando el rol de la función ejecutiva. La Presidencia de la República tiene un rol esencial en la formulación de una Estrategia Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, a manera de política de Estado a largo plazo. Esta estrategia deberá ser construida mediante un proceso incluyente y participativo que comprenda a organizaciones de la sociedad civil y a instancias del sector privado.
El sector privado es un actor fundamental dentro de un Sistema de Integridad Pública. Si nos referimos particularmente al ámbito de acción empresarial y a la implementación de medidas de integridad privada dentro de las empresas, existen algunas buenas prácticas de cumplimiento o compliance que es oportuno mencionar. Usualmente se espera la estructuración de un programa o plan de integridad, que consiste en un conjunto de medidas internas para controlar la gestión y la operación empresarial, asegurando que se encuentre dentro de estándares normativos y éticos.
Ningún esfuerzo de lucha contra la corrupción es posible sin tolerancia cero y total compromiso de la alta dirección; luego de lo cual se recomienda detectar, mapear y gestionar potenciales riesgos de corrupción en las distintas áreas en que se desarrolla la empresa; esto resulta insumo elemental para elaborar estrategias y planes de mitigación y respuesta. Los diversos tipos de riesgos deben orientar las medidas a ser adoptadas y encontrarse vinculados a la gestión operacional de la empresa, ahí un factor importante para su adecuada contención.
Es importante ver hacia dentro de la organización y realizar un diagnóstico real y claro sobre el estado de la organización en su conjunto, determinar sus fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, estableciendo un punto a partir del cual identificar qué procesos mejorar, qué herramientas y qué mecanismos son necesarios. Entre algunos de estos mecanismos y acciones se encuentran la redacción de códigos de conducta íntegra, la elaboración de canales de denuncia, la creación de comités de cumplimiento, la elaboración de políticas de regalos, de conflicto de interés, instrumentos de debida diligencia a terceros y a la cadena de suministro, capacitación al personal, entre otras, cuya finalidad es además de crear consciencia, sensibilizar y cambiar comportamientos individuales que se traducen en la creación de una cultura de integridad interiorizada en todo el personal de la empresa.
Las personas son destinatarias de este esfuerzo, y de ellas dependerá el éxito de estas medidas. Si bien no existen recetas ni fórmulas mágicas para combatir la corrupción, como Cooperación Alemana GIZ Ecuador hemos considerado el enfoque de prevención de la corrupción como elemento clave para la formulación de diversos proyectos en aras de fortalecer la integridad pública y privada a través del trabajo conjunto con en el sector público, sector privado, academia y sociedad civil del país. Para la Cooperación Alemana GIZ Ecuador, a través de su programa Ecuador SinCero, Prevención de la Corrupción, Transparencia y Participación Ciudadana (2020-2023) ha sido importante trabajar con diversas contrapartes con gran compromiso para afrontar la corrupción fortaleciendo la integridad tanto en el sector público como en el sector privado. En este contexto, ASEDIM ha sido un socio estratégico de gran relevancia para lograr este objetivo, destacando su participación en la red del programa global GIZ Alliance for Integrity y en el Programa Ecuador SinCero.
Finalmente, es necesario enfatizar la cooperación con ASEDIM, cuyo gran convencimiento de la importancia de fomentar la integridad y la transparencia en las actividades público-privadas ha permitido generar consciencia y pensamiento crítico frente al grave problema que representa la corrupción en el país y en toda la región latinoamericana. De ahí que reconocemos el gran compromiso y rol protagónico de ASEDIM en procura de formular propuestas, soluciones concretas, reales, viables y que sean sostenibles para hacer frente a la corrupción, con iniciativas principalmente enfocadas en la integridad en el sector de la salud, pero con trascendencia e impacto en todos los gremios productivos a nivel nacional. Su liderazgo a través de la Comisión de Integridad del Comité Empresarial Ecuatoriano ha permitido que pueda a su vez, representar a nivel nacional e internacional el férreo compromiso del sector productivo ecuatoriano a favor de sumar esfuerzos para promover y fortalecer la integridad pública y privada en el país.
[1] Resolución Nº 0435 de 2017 adoptada por el Consejo de la OCDE
